20 AÑOS DESPUÉS (Recordando un verano de tesina)

Hace 20 años, el mundo dio la espalda a una de las mayores masacres de la historia reciente en la que fallecieron cerca de 800.000 personas, y que se recuerda especialmente todos los años en el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Ruanda, que tiene lugar el 7 de abril. La sucesión de errores cometidos fruto de la inacción internacional y que alimentaron la catástrofe no parecen haber sido aprendidos, tal y como se observa en estos momentos con la posición internacional ante el conflicto que envuelve a Siria. 

Ruanda es un país situado en la región de los Grandes Lagos, en el África Central.  Su historia reciente comienza con la Conferencia de Berlín (1885) en la que, tras dividir al continente africano y repartirlo entre los colonizadores europeos, quedó bajo el amparo de Alemania.

Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones acordó que estas colonias debían de ser tuteladas por naciones avanzadas. En el caso de Ruanda-Burundi, fue Bélgica la que prometió ocuparse de su administración, desarrollo, libre expresión y  libertad religiosa.

Desde antaño, los hutus tenían la creencia de que la etnia tutsi había invadido el país y les había sometido a su voluntad. Los administradores belgas ayudaron a reforzar este pensamiento, al hacer discriminaciones entre unos y otros, como designar a los hutus los trabajos más duros. Además, crearon un sistema de tarjetas de identificación de etnias en el que calificaban a tutsis y hutus, que fue utilizado, durante los tres meses en los que tuvo lugar las matanzas, por la milicia interahamwe para identificar a los tutsi y exterminarlos.

Por otro lado, antes de que comenzara la masacre, el Programa de Ajuste Estructural (PAE)  del Fondo  Monetario Internacional y del Banco Mundial otorgaron préstamos al Gobierno de Ruanda, que fueron destinados, a la compra de armas a países como Francia y Egipto.  En este sentido, Egipto firmó hasta ocho acuerdos armamentísticos con Ruanda desde 1990 hasta que comenzó el genocidio en 1994.

En paralelo, el Gobierno de Ruanda y el Frente Patriótico Ruandés estuvieron enfrentados en una guerra civil, que comenzó en 1990  y que finalizó  con el Acuerdo de Arusha, firmado en Tanzania en agosto de 1993.

POCOS MEDIOS

Por su parte, UNAMIR, la misión de Asistencia de Naciones Unidas para Ruanda, nació con el objetivo de garantizar que se cumpliera el Acuerdo de Paz de Arusha y cesaran las hostilidades entre el Frente Patriótico Ruandés y el Gobierno. Sin embargo, esta misión no recibió la misma atención que otras que estaba establecidas en regiones como Somalia y la Antigua Yugoslavia.  Su equipamiento era insuficiente y obsoleto y su personal no estaba lo suficientemente preparado para abordar los retos a los que se enfrentaba.

El 6 de abril de 1994, el  avión en el que viajaba el presidente ruandés Juvénal Habyarimana fue alcanzado por dos misiles tierra-aire cuando se aproximaba al aeropuerto de Kigali. La aeronave estalló y los pasajeros murieron en el siniestro. En la localidad de Kacyiru, al norte de Kigali, los residentes explicaban que, nada más conocerse la noticia, llegaron al lugar los interahamwe y comenzaron a matar a la vista de todos.

La situación poco a poco iba deteriorándose y los recursos con los que contaba la misión se agotaban. Algunos comandantes alertaron, hasta en siete ocasiones, de que la misión debía de ser reforzada si querían evitar una masacre, pero sus superiores hacían ‘oídos sordos’ a estas demandas. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Butros Ghali, se negaba a reforzar la misión o readaptar el mandato e incluso planteó la retirada de todos los efectivos de UNAMIR, al mismo tiempo que se aumentaban los efectivos de UNPROFOR, la fuerza de mantenimiento de paz en Croacia y Bosnia-Herzegovina.

En mayo, la situación estaba tan deteriorada en Ruanda que Francia planteó a Naciones Unidas el envío de 5.500 cascos azules. Finalmente, el Consejo de Seguridad aprobó la intervención francesa el 23 de junio mediante la resolución 929, que autorizaba un mandato conforme al Capitulo VII, es decir, permitía utilizar todos los medios necesarios, incluido el uso de la fuerza. Los franceses debían garantizar la seguridad de las zonas humanitarias y proteger a los desplazados, y a los trabajadores que prestaban ayuda. Esta misión, que, iba ser coordinada por el propio secretario general, tenía una duración  de 60 días.

La guerra civil que había mantenido el Gobierno y el Frente Patriótico Ruandés vio su fin el 18 de julio de 1994. Al día siguiente, se proclamó un nuevo Gobierno de unidad nacional, que incluía representantes de todos los partidos políticos. Sin embargo, la mayoría de ellos, 12 de los 18 ministros, seguían siendo hutus. Este Gobierno sería presidido por Pasteur Bizimungu y contaría con Paul Kagame como vicepresidente, que se convertiría en presidente en marzo de 2000 para seguir gobernando hasta la actualidad.

Naciones Unidas realizó con posterioridad un informe en el que determinaba que el secretario general podía haber hecho más de lo que hizo, puesto que contaba con las facultades necesarias para haber llamado más la atención de la comunidad internacional sobre lo qué estaba ocurriendo en Ruanda.

Asimismo,  Ghali reconoció que había fracasado a la hora de abordar la crisis que sufría Ruanda. Admitió que se había cometido un genocidio, una palabra que evitaron nombrar durante todo el tiempo a pesar de que, tal y como establece la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio en Ruanda, había “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

El Consejo de Seguridad creó, después, el Tribunal Penal Internacional Para Ruanda  en el que se juzgarían aquellos delitos cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.

MICROCRÉDITOS

Después del genocidio, la comunidad internacional tomó parte en la reconstrucción del país, a través de la concesión de microcréditos. Estos créditos consistían en entregar una parte en especie, ya fuera animales y productos agrícolas, y otra en efectivo, con un tipo de interés cero.

Estos préstamos, que sirvieron para poner en marcha cultivos de arroz y maíz, ayudaron a mejorar su solvencia económica, a aumentar su tasa de alfabetización, y a fortalecer su tejido social. Personalmente, los ruandeses percibieron además que había aumentado su autoestima y su confianza, según revela un estudio  piloto de evaluación de impacto del programa de microcréditos de Cruz Roja Española en Ruanda.

Por último, la puesta en marcha de ‘Studio Ijambo’ en la región de los Grandes Lagos gracias a la ONG’ Search for Common Ground,’ también contribuyó a la reconstrucción de la sociedad ruandesa. Periodistas hutus y tutsis realizan programas que son difundidos en radios de la zona y en Internet y que persiguen la comprensión, el diálogo y la reconciliación entre sus habitantes.