Hace 20 años, el mundo dio la espalda a una
de las mayores masacres de la historia reciente en la que fallecieron cerca de 800.000
personas, y que se recuerda especialmente todos los años en el Día
Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Ruanda, que tiene
lugar el 7 de abril. La sucesión de errores cometidos fruto de la inacción
internacional y que alimentaron la catástrofe no parecen haber sido aprendidos,
tal y como se observa en estos momentos con la posición internacional ante el conflicto
que envuelve a Siria.
Ruanda es un país situado en la región de los Grandes
Lagos, en el África Central. Su historia
reciente comienza con la Conferencia de Berlín (1885) en la que, tras dividir
al continente africano y repartirlo entre los colonizadores europeos, quedó
bajo el amparo de Alemania.
Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de
Naciones acordó que estas colonias debían de ser tuteladas por naciones
avanzadas. En el caso de Ruanda-Burundi, fue Bélgica la que prometió ocuparse
de su administración, desarrollo, libre expresión y libertad religiosa.
Desde antaño, los hutus tenían la creencia de que la etnia tutsi había invadido el país y
les había sometido a su voluntad. Los administradores belgas ayudaron a
reforzar este pensamiento, al hacer discriminaciones entre unos y otros, como
designar a los hutus los trabajos más duros. Además, crearon un sistema de
tarjetas de identificación de etnias en el que calificaban a tutsis y hutus, que
fue utilizado, durante los tres meses en los que tuvo lugar las matanzas, por
la milicia interahamwe para identificar a los tutsi y exterminarlos.
Por otro
lado, antes de que comenzara la masacre, el Programa de Ajuste Estructural
(PAE) del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial
otorgaron préstamos al Gobierno de Ruanda, que fueron destinados, a la compra
de armas a países como Francia y Egipto. En este sentido, Egipto firmó hasta ocho
acuerdos armamentísticos con Ruanda desde 1990 hasta que comenzó el genocidio
en 1994.
En paralelo,
el Gobierno de Ruanda y el Frente Patriótico Ruandés estuvieron enfrentados en una
guerra civil, que comenzó en 1990 y que
finalizó con el Acuerdo de Arusha,
firmado en Tanzania en agosto de 1993.
POCOS MEDIOS
Por su parte,
UNAMIR, la misión de Asistencia de Naciones Unidas para Ruanda, nació con el
objetivo de garantizar que se cumpliera el Acuerdo de Paz de Arusha y cesaran
las hostilidades entre el Frente Patriótico Ruandés y el Gobierno. Sin embargo,
esta misión no recibió la misma atención que otras que estaba establecidas en regiones
como Somalia y la Antigua Yugoslavia. Su
equipamiento era insuficiente y obsoleto y su personal no estaba lo
suficientemente preparado para abordar los retos a los que se enfrentaba.
El 6 de
abril de 1994, el avión en el que
viajaba el presidente ruandés Juvénal Habyarimana fue alcanzado por dos misiles
tierra-aire cuando se aproximaba al aeropuerto de Kigali. La aeronave estalló
y los pasajeros murieron en el siniestro. En la localidad de Kacyiru, al norte
de Kigali, los residentes explicaban que, nada más conocerse la noticia,
llegaron al lugar los interahamwe y comenzaron a matar a la vista de todos.
La situación
poco a poco iba deteriorándose y los recursos con los que contaba la misión se
agotaban. Algunos comandantes alertaron, hasta en siete ocasiones, de que la
misión debía de ser reforzada si querían evitar una masacre, pero sus
superiores hacían ‘oídos sordos’ a estas demandas. Por su parte, el secretario
general de Naciones Unidas, Butros Ghali, se negaba a reforzar la misión o
readaptar el mandato e incluso planteó la retirada de todos los efectivos de
UNAMIR, al mismo tiempo que se aumentaban los efectivos de UNPROFOR, la fuerza
de mantenimiento de paz en Croacia y Bosnia-Herzegovina.
En mayo, la situación estaba tan deteriorada
en Ruanda que Francia planteó a Naciones Unidas el envío de 5.500 cascos
azules. Finalmente, el Consejo de Seguridad aprobó la intervención francesa el
23 de junio mediante la resolución 929, que autorizaba un mandato conforme al
Capitulo VII, es decir, permitía utilizar todos los medios necesarios, incluido
el uso de la fuerza. Los franceses debían garantizar la seguridad de las zonas
humanitarias y proteger a los desplazados, y a los trabajadores que prestaban ayuda.
Esta misión, que, iba ser coordinada por el propio secretario general, tenía
una duración de 60 días.
La guerra
civil que había mantenido el Gobierno y el Frente Patriótico Ruandés vio su fin
el 18 de julio de 1994. Al día siguiente, se proclamó un nuevo Gobierno de unidad nacional, que incluía
representantes de todos los partidos políticos. Sin embargo, la mayoría de
ellos, 12 de los 18 ministros, seguían siendo hutus. Este Gobierno sería
presidido por Pasteur Bizimungu y contaría con Paul Kagame como vicepresidente,
que se convertiría en presidente en marzo de 2000 para seguir gobernando hasta
la actualidad.
Naciones
Unidas realizó con posterioridad un informe en el que determinaba que el
secretario general podía haber hecho más de lo que hizo, puesto que contaba con
las facultades necesarias para haber llamado más la atención de la comunidad
internacional sobre lo qué estaba ocurriendo en Ruanda.
Asimismo, Ghali reconoció que había fracasado a la hora
de abordar la crisis que sufría Ruanda. Admitió que se había cometido un
genocidio, una palabra que evitaron nombrar durante todo el tiempo a pesar de
que, tal y como establece la Convención para la Prevención y Sanción del
Genocidio en Ruanda, había “la intención de destruir, total o parcialmente, a
un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
El Consejo de
Seguridad creó, después, el Tribunal
Penal Internacional Para Ruanda en el
que se juzgarían aquellos delitos cometidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1994.
MICROCRÉDITOS
Después del
genocidio, la comunidad internacional tomó parte en la reconstrucción del país,
a través de la concesión de microcréditos. Estos créditos consistían en
entregar una parte en especie, ya fuera animales y productos agrícolas, y otra
en efectivo, con un tipo de interés cero.
Estos
préstamos, que sirvieron para poner en marcha cultivos de arroz y maíz,
ayudaron a mejorar su solvencia económica, a aumentar su tasa de
alfabetización, y a fortalecer su tejido social. Personalmente, los ruandeses percibieron
además que había aumentado su autoestima y su confianza, según revela un
estudio piloto de evaluación de impacto
del programa de microcréditos de Cruz Roja Española en Ruanda.
Por último,
la puesta en marcha de ‘Studio Ijambo’ en la región de los Grandes Lagos
gracias a la ONG’ Search for Common Ground,’ también contribuyó a la
reconstrucción de la sociedad ruandesa. Periodistas hutus y tutsis realizan
programas que son difundidos en radios de la zona y en Internet y que persiguen
la comprensión, el diálogo y la reconciliación entre sus habitantes.
